Después de más de un mes de estar prófugo, Oscar Thomas fue detenido en un departamento de Barrio Norte de la Capital Federal. La Policía Federal logró dar con el exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a partir de un llamado a una línea del Ministerio de Seguridad. El Gobierno había ofrecido una recompensa de $500 mil para quien aportara datos fehacientes sobre su paradero.
Thomas sería trasladado desde la propiedad ubicada en Uriburu al 1000 a los tribunales de Comodoro Py en las próximas horas y quedaría detenido hasta declarar ante el juez Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas.
Días atrás su abogado, José Manuel Ubeira, había asegurado en declaraciones radiales que su defendido no se entregaría hasta que la Justicia le garantizara la eximición de prisión ya que no quería presentarse en calidad de arrepentido “porque no vivió nada de lo que se dice” y “no tiene por qué involucrar a gente falsamente”.
Mientras la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunciaba la recompensa para quien aportara datos, la Legislatura de Misiones resolvió publicar el pedido de detención internacional en todas las oficinas administrativas de atención al público en caso de que lo dispusiera el juez federal Claudio Bonadio. Así buscaban empapelar la provincia con el rostro del exfuncionario.
Cuál fue el rol de Oscar Thomas según los cuadernos de Centeno
El chofer de Roberto Baratta, el número dos de Julio de Vido, aseguró que cuando Thomas era directivo de la EBY pagó una coima de US$ 1.100.000 en 2009 y otra en 2013. En las anotaciones, el remisero que acompañaba al funcionario a cobrar los sobornos escribió: “Mientras viajábamos lo llamó al jefe y le dijo que entre Yacyretá y Transporte habían aportado para la corona US$657.000” .
El exdirectivo era muy cercano al extitular del Ministerio de Planificación y durante el kirchnerismo aumentó exponencialmente su patrimonio. Pasó de ser propietario de una sola casa en 2003, a declarar 23 inmuebles en 2015. Desde la oposición lo señalan como el responsable de convertir a la Entidad Binacional Yacyretá en una “caja política” para financiar las campañas electorales del kirchnerismo en el noroeste argentino.
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