Mientras en Santa Cruz continúan los operativos para intentar encontrar dinero de la corrupción que estaría enterrado en las estancias de Lázaro Báez, en Bahía avanza la causa por la emisión de facturas truchas que lo involucra. El empresario está acusado de liderar una asociación ilícita que falsificaba costos de obras públicas para poder justificar sobreprecios.
Si bien Báez se negó a declarar ante el juez Walter López Da Silva, entregó un escrito fijando su postura sobre la causa. En la presentación de 35 páginas, a la que tuvo acceso Canal Siete, el presunto testaferro de los Kirchner se defiende la de las acusaciones.
El propietario de Austral Construcciones negó haber usado facturas truchas de las empresas Penta, Terrafari, Calvento y Constructora Patagónica. Además dijo ser víctima de una persecución judicial.
El empresario patagónico señaló que es objeto de acciones judiciales sólo por el hecho de haber sido amigo del ex presidente Néstor Kirchner. En este sentido, Báez aseguró ser un “perseguido”. Y señaló que su caso es único desde el regreso de la democracia.
Más adelante siguió comparándose con las víctimas de la dictadura militar, al señalar su situación sólo puede equipararse con la sufrida por los argentinos cuando se había suspendido la vigencia de la constitución.
Luego del intento de victimización, Báez intentó justificar los contratos con las empresas bahienses, acusadas por la AFIP de ser usinas de facturas truchas. También quiso dejar en claro que no tiene ninguna relación con Juan Suris.
En ese sentido aseguró que todas las obras contratadas fueron finalizadas. Que en su mayoría eran movimientos de suelo en caminos de tierra y por las características de los trabajos no se necesitaba de un número importante de operarios ni de máquinas viales. En su escrito detalló una serie de obras que habría realizado con el apoyo de las empresas bahienses.
De esa forma, el empresario quiso atacar uno de los puntos salientes de la acusación. Es que según los informes de las Administración Federal de Ingresos Públicos, las empresas de las familias Ficcadenti y Ferreyra no tenían capacidad para llevar adelante esos trabajos. No contaban con personal ni la maquinaria necesaria en su estructura.
De allí la sospecha de que todos los costos fueron simulados justificar los sobreprecios en la obra pública. Dinero que fue calculado, sólo para el lapso de la investigación que se hace en Bahía Blanca, en unos 20 millones de pesos.
