El juez federal Sebastián Casanello procesó al extitular de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y al exresponsable de la DGI, Ángel Toninelli, por “encubrimiento agravado” en la causa que investiga la evasión impositiva de Lázaro Báez con Austral Construcciones.
El magistrado, que lleva adelante la “ruta del dinero K”, además los embargó por $ 70.412.000, según la resolución publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ).
La Dirección Regional Bahía Blanca intentó realizar inspecciones sobre empresas proveedores de Báez pero, de acuerdo con el magistrado, los ahora procesados obstruyeron esa investigación entre mayo y julio de 2011.
Finalmente, y con el argumento de un conflicto gremial, los exfuncionarios disolvieron la Dirección Regional Bahía Blanca, pero en realidad el objetivo fue encubrir al empresario. En ese sentido, Casanello explicó en su resolución que ese motivo “fue utilizado como pantalla para disolver la regional y tomar control de las fiscalizaciones”.
En la resolución se menciona a las empresas bahienses pertenecientes a las familias Ficcadenti y Ferreyra, acusadas de ser usinas de facturas truchas y los principales proveedores de los comprobantes apócrifos que se habrían utilizado para justificar gastos que no se concretaron en las obras públicas.
Las caras de las facturas truchas
