Azurix, la empresa que en los 90 se quedó con la concesión del servicio de agua potable en la provincia de Buenos Aires, aparece en Paradise Papers con un complejo entramado de subsidiarias registradas en Caimán y creadas el mismo año de la privatización. Entre ellas se destacan Azurix Argentina Finance Ltd., Azurix Argentina Investment Ltd, Energía de Argentina Ltd, Enron Water Argentina Ltd, Azurix AGOSBA Limited y Azurix Buenos Aires Investments Ltd
Recordemos que hubo un litigio internacional contra Argentina cuando se le rescindió el contrato. Esto fue por no cumplir con las inversiones que habían prometido.
El 14 de julio de 2006 en el caso “Azurix Corp. c/ República Argentina” se condenó a la República Argentina a pagar a Azurix Corp. la suma de US$ 165.240.753, más intereses
Tras años de litigio, en 2013, se llegó a un acuerdo mediante el pago con bonos y una quita de la deuda.
Según se explica en una serie de ensayos escritos sobre el tema, Jeffrey Skilling comenzó a explorar nuevos mercados para aplicar el “modelo de Enron”.
Estos nuevos mercados vendrían a incluir: pasta de papel, plásticos, metales e incluso el agua. Poco a poco la empresa se convirtió en un gigantesco “hacedor de mercados” dentro de Estados Unidos, creciendo en esos asuntos financieros en forma mucho más rápida que en sus operaciones tradicionales.
Paralelamente, en 1998, Rebecca Mark buscaba darse un nuevo papel para sí misma y decide ingresar en el mercado de la distribución de agua potable creando una nueva empresa llamada “Azurix”, la cual terminaría en un desastre total, según puede leerse en varias crónicas, incluso en Wikipedia.
Rebecca Mark era CEO de Enron, la empresa que controlaba Azurix, cuando se la vió en Bahía Blanca juguetear con su anillo de diamantes, en plena crisis del agua, mientras ensayaba explicaciones sobre muchos de los problemas que hoy tenemos: sin fuentes alternativas de provisión de agua y con líquido maloliente saliendo de las canillas.
Eran tiempos de Eduardo Duhalde al frente de la gobernación de Buenos Aires, cuando el entonces hombre fuerte del peronismo bonaerense nos prometía “Bahía Paraíso”, discurso inventado que nadie creía, salvo unos pocos interesados.
La privatización de Obras Sanitarias a manos de Azurix le costó a los bonaerenses no sólo las penurias de un servicio de mala calidad, sino un juicio internacional, ya que en un
fallo que quedó firme, se condenó al país a pagar 165 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.
Como si todo esto no fuera poco, en 2003, a poco de creada ABSA, se sancionó un nuevo marco regulatorio, que aún hoy sigue escondiendo rincones no iluminados por la luz de la opinión pública, como la silenciada diferenciación entre “agua corriente” y agua potable”, de la que nadie habla.
En septiembre del 2010, la Dra. Verónica Cáceres, investigadora del CONICET, presentó los resultados de una investigación académica en el IV Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos (ver texto
aquí). El trabajo, titulado “
Reflexiones sobre el Rol del Estado en la Provisión del Agua Potable“, denuncia que el marco regulatorio habilita a ABSA, de forma legal, a ofrecer a los usuarios agua que en términos de calidad, no reúne todos los requisitos para ser considerada potable. Según Cáceres, que es profesora de Economía doctorada en Ciencias Sociales, la provincia se vale de ese argumento para evitar la necesidad de realizar mayores inversiones en las plantas potabilizadoras.
En el estudio puede leerse que, mientras una parte de los usuarios del servicio de agua recibe agua potable, segura y apta para el consumo directo; otra, que abona iguales tarifas, recibe agua con mayores niveles de contaminación y sin ninguna advertencia.
El marco regulatorio actual no otorga estándares de calidad comunes para toda el área regulada, tal como lo hacía la Ley 11.820./96. En síntesis, el marco se encuentra atravesado por una serie de inconsistencias y contradicciones; mientras por un lado reconoce la importancia del acceso a los servicios, más allá de la capacidad de pago de la población y prohíbe el corte total del servicio, por otro, oculta en un juego de palabras, la necesidad de realizar mayores tratamientos al agua que las empresas prestatarias proveen a los usuarios lo cual demanda diversas inversiones.
Azurix había entrado al mercado argentino en julio de 1999, tras desembolsar 438 millones de dólares por la concesión de los servicios en La Plata, Bahía Blanca, la costa atlántica, la región del oeste y el norte del conurbano.
Rebecca Mark (ver
aquí), no pudo solucionar el problema del agua de los bahienses en el año 2000, pero ese mismo año sí fue capaz de vender acciones de Enron por 80 millones de dólares, justo pocos meses antes del colapso de la compañía, en 2001. El anillo que lució Mark en Bahía Blanca resultó ser el de su compromiso con
Michael Jusbasche, con quien se casó en 1999. Por entonces tenía mellizos de un matrimonio anterior y con su nuevo marido adoptó un niño de Kazajstán.Con los años se convirtió en administradora de establecimientos ganaderos en Nuevo México y Colorado.
Se la recuerda en Bahía Blanca por su discurso prefabricado y por haber tomado agua del vaso que le ofrecieron, en plena conferencia de prensa, pese a que se le avisó que era agua de la canilla.
Fuente foto: Getty Images
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