El cierre de la regional Bahía Blanca de la AFIP en agosto de 2012 y la presunta connivencia de funcionarios de ese organismo con una asociación ilícita fiscal montada en torno a la emisión y comercialización de facturas truchas para evadir impuestos seguirán investigándose en la Capital Federal.
El magistrado se declaró incompetente para instruir la causa en razón de la conexidad que existe con la causa que instruye en Buenos Aires el juez Sebastián Casanello, según publica el sitio sololocal.info.
La fiscalía que conduce el dr. Antonio Castaño sospecha que el traslado a Mar del Plata, en agosto de 2012, de la Regional local de la AFIP, no tuvo que ver con un conflicto gremial, sino con la intención de desarticular las fiscalizaciones que la AFIP venía realizando contra un grupo de empresarios bahienses, por la utilización de facturas apócrifas.
Ocho empleados de la AFIP local que declararon ante el juzgado bahiense coincidieron en que el cierre de la regional del organismo fue injustificada.
Prácticamente todos ellos ratificaron la existencia de una reunión, en el séptimo piso del edificio de la AFIP en Bahía Blanca entre Echegaray y el abogado Leonardo Gómez Talamoni, por entonces letrado de Juan Ignacio Suris..
Algunos señalaron que esa decisión implicó graves perjuicios para el funcionamiento del organismo y otros coincidieron en que el motivo real de la disolución “pudo ser el entorpecimiento de algunas fiscalizaciones, para encubrir determinados manejos de empresas, como las de SURIS, máxime cuando resultó clara la afectación específica del área de Investigaciones y Fiscalizaciones local” dice la resolución de López Da Silva.
El juez sostiene que las pruebas colectadas no han hecho más que sumar elementos atados a la hipótesis donde se investigan complicidades de los funcionarios de AFIP para obstruir el avance de fiscalizaciones que avanzaban inexorablemente hacia las empresas del grupo Báez”.
“A la luz de los testimonios obrantes… puede sostenerse a este tiempo que la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca de la DGI habría respondido a la finalidad de entorpecer las fiscalizaciones que se llevaban en el organismo local, en particular la de la empresa Iberoamericana de Servicios S. A. usuaria de las empresas del grupo Suris “por sumas importantes”, al igual que Calvento S.A., Grupo Penta S.A. y Constructora Patagónica Argentina, estás últimas vinculadas “comercialmente” en forma estrecha con Austral Construcciones S.A.” añade el juez.
Fuente: sololocal.info
Esta entrada ha sido publicada el 21 de febrero, 2017 08:50
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