La justicia federal ordenó avanzar contra los bienes Lázaro Báez, su hijo y los bahienses acusados de conformar una asociación ilícita fiscal para proveer de facturas trucha a Austral Construcciones.
Además les prohibió a todos salir del país.
La medida recayó sobre Lázaro y Martín Baéz; Silvio, Mauro, Enzo y Franco Ficcadenti; José, Denis, Jorge y Franco Ferreyra y el contador Rogelio Chanquía.
La Jueza Mirta Filipuzzi, antes de finalizar la subrogancia en el Juzgado federal bahienses, dispuso impedir la salida del país a “a fin de asegurar la comparecencia de los imputados para el caso de que sean convocados a prestar declaración indagatoria”.
De esta forma todos quedaron a un paso de la declaración indagatoria.
La operatoria bajo sospecha había salido a la luz en octubre de 2014, cuando el diario La Nación reveló que Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas de Báez, había acumulado facturas apócrifas o infladas por decenas de millones de pesos de empresas y sociedades truchas de Bahía Blanca.
Esas firmas eran controladas, a su vez, por las familias Ficcadenti -dueños de las firmas Grupo Penta y Calvento, entre otros-, Ferreyra -Constructora Patagónica Argentina- y Pedraza, cuyos integrantes eran originarios de esa ciudad del sur bonaerense, pero que luego se trasladaron a Santa Cruz.
Fuente: La Nación y Canal Siete
