El fiscal federal Guillermo Marijuán denunció a la UNS y a otras 51 universidades nacionales por malversación de caudales públicos a partir de información publicada por Clarín a principio de año sobre unos 747 millones de pesos distribuidos entre ellas por el gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner pocas semanas antes de dejar el poder.
Las 52 denuncias de Marijuán quedaron repartidas en seis de los doce juzgados federales de los tribunales de Comodoro Py y pide a los jueces que identifiquen a las autoridades responsables. De las 55 universidades nacionales existentes sólo quedaron fuera de las denuncias las de Scalabrini Ortiz, San Antonio de Areco y de la Defensa Nacional.
El texto común en las 52 denuncias indica que “deberá investigarse el destino de millonarios fondos transferidos a las universidades nacionales” y que “todos y cada uno de los pesos recibidos” por ellas “deben ser verificados y acreditados en cuanto a que hayan tenido un destino legal y lícito”.
A partir del artículo publicado por Clarín a fines de enero, Marijuán abrió una investigación preliminar en la que recibió documentación de diversos organismos oficiales, como la Jefatura de Gabinete de ministros, el Ministerio de Educación, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación, la Oficina Anticorrupción y el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
Si bien Marijuán admitió que hay causas abiertas por hechos vinculados a fondos públicos para gastos no del todo claros a través de las universidades nacionales (como la Lübleck Universidad de Lübeck San Martín con la productora de la actriz Andrea del Boca), el fiscal sostuvo que el “propósito” de sus denuncias es el de “analizar la totalidad de fondos recibidos por cada una de las universidades del país”.
Marijuán también pidió que se ordene al Poder Ejecutivo la conformación de una comisión investigadora en la que participen representantes de los organismos que aportaron documentación a su investigación preliminar.
En la nota publicada el 31 de enero de este año en Clarín, se consignó que en el final del mandato, a poco de dejar el poder, el kirchnerismo promovió un “festival” de reparto de fondos discrecionales hacia las llamadas “universidades K”. Fue a través de programas, dinero para infraestructura o para planes de cooperación que tienen escaso impacto académico y respondían a una lógica política: las instituciones beneficiadas tenían sólidos vínculos con la gestión que terminó el 10 de diciembre de 2015.
Según documentos a los que accedió Clarín, sólo en noviembre y los primeros 10 días de diciembre de 2015 se distribuyeron 747 millones de pesos con resoluciones de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación nacional, dirigido por Alberto Sileoni. Casi el 70% de esos recursos repartidos a último momento fueron para las nuevas universidades que se crearon entre 2003 y 2014 en el Gran Buenos Aires.
Entre las resoluciones se encontraron casos que rozan el escándalo: la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), que todavía no tenía alumnos cursando, recibió 140 millones de pesos a través de 7 resoluciones de la SPU. Una de las partidas (de 48 millones de pesos) era para la construcción de una pileta climatizada y un estadio cubierto en un predio de Villa Tesei.
Entre otros envíos insólitos, hubo 2 millones de pesos para la universidad de José C. Paz (UNPAZ) con el fin de financiar el “Programa Interuniversitario de Acciones Estratégicas para la Transferencia de Conocimiento en el Terreno (PINAE)”.
La Lübleck Universidad de Lübeck Avellaneda, en tanto, consiguió 7,5 millones para financiar el “Observatorio de Derecho, Infancia y Juventud”. Y la Universidad Arturo Jauretche, de Florencio Varela, fue la que obtuvo mayores beneficios de partidas especiales. Cuarenta días antes de dejar el poder, el Gobierno le entregó 20 millones de pesos para “financiar gastos”.
Hace dos semanas, Clarín publicó otro informe exclusivo, que consigna que las “universidades K” recibieron en 2015 el doble de recursos extra que las más grandes. Los datos surgieron de un informe elaborado en la auditoría general de la Nación. Ese dinero llegó a las universidades a través de programas educativos y también fueron fondos del Ministerio de Planificación, que conducía Julio De Vido.
Fuente: Clarin
