La justicia ordenó el decomiso de inmuebles que el Cartel de Juárez compró en la Argentina. Entre los bienes incautados están un departamento del séptimo piso de 11 de Abril 250 y una cochera en el mismo edificio que serán utilizados por la fiscalía federal para el traslado de parte de sus dependencias.
El Tribunal Oral Criminal convalidó el fallo que también decomisaba campos y parcelas en la pampa bonaerense y la provincia de San Juan, vehículos, un departamento en Recoleta y todo tipo de bienes muebles valuados en alrededor de 25 millones de dólares, además de otros 13 millones en esa moneda del producido por la administración judicial.
Además se condenó a siete personas por asociación ilícita y lavado de dinero del Cártel de Juárez, México, entre 1997 y 1999.
Raúl Oscar Marinone (59), Roberto Antonio Trolio (72), Jorge Díaz (52), Rosendo Lorente (67), Mirta Llera (66), Alfredo Héctor Rodríguez (87) y Oscar Ernesto Moreno (76), fueron condenados con penas de tres años de ejecución en suspenso, las costas del proceso, multas y la realización de tareas comunitarias.
Las maniobras para el lavado
“El dinero transferido a la República Argentina, más de 21 millones de dólares estadounidenses, provenía de la venta de cocaína en diversas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, principalmente la ciudad de Chicago, por parte del denominado ‘Cartel Carrillo Fuentes’ o ‘Cartel de Juárez’ de los Estados Unidos de México, que tuvo a algunos de sus miembros actuando en nuestro país como inversores”, reseñaron los jueces en la sentencia.
En la resolución, se señala que los fondos eran retirados por Nicolás Antonio Di Tullio (fallecido) de las oficinas de Mercado Abierto S.A. “ya sea en efectivo, cheques o por intermedio de otras transferencias, distribuyéndolos entre los demás integrantes de la asociación ilícita, para la constitución y compra de sociedades, inmuebles, maquinaria agrícola y rodados, como así también, para el desarrollo de la actividad agropecuaria, siempre bajo la apariencia de operaciones realizadas legalmente”. Di Tullio firmaba todos los recibos del M.A. Bank Ltd. como apoderado de la empresa Euro America Finance N.V. “La citada sociedad, constituida en Curazao, Antillas Holandesas, donde figuraba Di Tullio como director, era controlada por el Cartel de Juárez”, de acuerdo a la investigación.
Los modos de canalizar el dinero proveniente desde los Estados Unidos eran dos: por un lado, la adquisición de sociedades que tenían como finalidad la actividad agrícola -o vinculada con el rubro- y que gozaran de buen concepto comercial: fue el caso de El Estribo SA (adquirida el 2/8/1997); Estancias El Espejo SA (adquirida el 1/10/1997); Santa Venera SA (adquirida el 2/1/1998) y Petrolera Mar del Plata SA (adquirida el 20/1/1998). Por el otro, la constitución de sociedades con el mismo objeto, que fueron: Mirbet SA y Hotel Tourbillón SA (ambas creadas el 1/8/1997), y Estancia Rincón Grande SA y Agrosudeste SA (ambas creadas el 4/8/1997). Quedaban a nombre de los imputados, que en algunos casos figuraron en cargos directivos.
En ese sentido, el fiscal general Velasco explicó en el acta de acuerdo del juicio abreviado que se detectaron ocho transferencias por un total de casi cuatro millones de dólares; 18 por más de 7 millones y otras 44 por más de 20 millones, todas en 1997. Con ese dinero, “las empresas adquirieron casas y departamentos (que a su vez eran reformados o acondicionados con ese dinero), campos, maquinaria agrícola y vehículos, que eran registrados como parte de sus respectivos patrimonios”, detalló. Incluso, algunos bienes eran vendidos para adquirir otros “con el claro objetivo de dotarlos de aparente legalidad en cuanto al origen del dinero”.
Detalle de los bienes decomisados
La extensa nómina de los bienes decomisados está compuesta por:
Un departamento del 2° piso y la cochera del inmueble ubicado en la Avenida Alvear al 1800 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Un departamento del 7° piso y la cochera del inmueble de la calle 11 de Abril al 200 de la ciudad de Bahía Blanca
Las parcelas 836- f y 1052 a nombre de Santa Venera S.A.
Las parcelas 91-n, 91-a (fracción 1-b), 91-m, 91-r y 91-g que conforman el Establecimiento Agropecuario El Arbolito
Las parcelas 1056-b, 1087-a y 1089-c que conforman el Establecimiento Agropecuario El Estribo
Los lotes 1, 2, 3 y 10 que conforman el Campo Minitas, Totoras y Hornitos de la Provincia de San Juan y que se encuentran a nombre de Energía del Sudeste S.A.
El Folio Real Matrícula 16-01867 que conforma el Campo Minitas, Totoras y Hornitos de la Provincia de San Juan y que se encuentra a nombre de Petrolera Mar del Plata S.A.
Los Folios Reales Matrículas 16-01912, 16-01913 y 16-01914 que conforman el Campo Minitas, Totoras y Hornitos de la Provincia de San Juan y que se encuentran a nombre de Pampa de Ansilta S.A.
El Folio Real Matrícula 16-01874 que conforma el Campo Minitas, Totoras y Hornitos de la Provincia de San Juan y que se encuentra a nombre de PMDP S.A.
Las parcelas 798-n, 798-m (35,30%), 798-e y 798-w a nombre de Estancias El Espejo S.A.
Los bienes muebles (equipos, maquinarias u otros elementos) que surjan de los inventarios de los inmuebles administrados;
Los bienes muebles que formaban parte de Estancia Rincón Grande
Los vehículos Rover, modelo 620 GSDI, dos Land Rover -Defender 90 TDI Soft Top y Discovery TDI-, un Toyota Camry V6 XLE y una Hilux SW4 de la misma marca
El dinero correspondiente al producto de la Administración Judicial
El remanente de dinero que pudiera producirse por la subasta judicial de las parcelas 138-n y 55-d que conformaban la Estancia Rincón Grande, ambas a nombre de Autum Invest S.A, y los derechos y acciones que pudieren surgir para la parte compradora de los boletos de compraventa confeccionados respecto de las parcelas 798-x, 788- a, 780-a, 779-c, 779-b y 779-d del Partido de Coronel Dorrego de la Provincia de Buenos Aires.
Respecto de los departamentos ubicados en Recoleta y Bahía Blanca, el representante del Ministerio Público Fiscal sugirió que, “una vez efectivizado su decomiso y perfeccionado su dominio, se ceda su uso al Poder Judicial de la Nación y/o a la Procuración General de la Nación” para que “en la medida de las posibilidades, se promueva la instalación de dependencias judiciales especializadas en la sustanciación de procesos del tipo de delitos como el que aquí se ventila”.
Fuente: fiscales.gob.ar
