La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, designó dos empleados en el Juzgado Federal de Bahía Blanca, donde se demoró la investigación sobre el uso intensivo de facturas truchas por Lázaro Báez, según reveló el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación.
Las designaciones fueron hechas sin consultar con la Cámara Federal de Bahía Blanca, pasando por encima de la frontera entre Poder Judicial y Ministerio Público, lo que podría configurar el delito de abuso de autoridad, según surge de las documentos analizados por el matutino.
El ingreso de los empleados Victoria Fraga y Leandro Massari se concretó el 24 de julio de 2015, pero la información salió a la luz ahora, al tiempo que el fiscal federal, Antonio Castaño, acusó a Báez y empresarios locales de montar una asociación ilícita fiscal, con “la connivencia” de funcionarios de la AFIP y con Bahía Blanca como “punto estratégico del entramado”.
El desembarco de ambos se produjo a pedido del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien arribó como subrogante a Bahía Blanca.
También cuenta Alconda Mon que diez meses después -tras las salida del kirchnerismo de la Casa Rosada-, un testimonio aportó más luz. Un ex secretario desplazado del juzgado, Mario Fernández Moreno, detalló que “lo primero” que hizo Ramos Padilla al asumir la subrogancia fue reunirse con el abogado de dos de los empresarios emisores de facturas truchas para Báez y revisar la causa que había motorizado su antecesor.
La versión de Ramos Padilla es muy distinta. Le informó al Consejo de la Magistratura que actuó con celeridad para resolver la situación de los detenidos, la droga incautada y cientos de expedientes para sentencia. Es decir, las “necesidades urgentes” del juzgado, que el Consejo al designarlo había calificado como una “«situación endémica» de atrasos y deficiente prestación del servicio de Justicia”.
Ramos Padilla además fue denunciado por penalmente por el choque, destrucción y abandono de un Renault Megane del Juzgado mientras subrogaba. Tampoco ese hecho fue informado a la cámara., que tampoco le informó a la Cámara. Uno de los ocupantes era Massari, uno de los dos adscriptos autorizados por la Procuración.
