Las caras de las facturas truchas

La justicia bahiense denunció a Lázaro Báez por liderar una  asociación ilícita fiscal.

Si es encontrado culpable, tendría una pena que va desde los 5 hasta los 10 años de prisión.

Además de Lázaro, también está imputado su hijo Martín. A ambos se les endilga diseñar un entramado societario con diferentes actores a los efectos de beneficiarse con dinero ilícito, en su mayoría proveniente de la obra pública.

Para esto, dice la fiscalía, se valieron de los grupos Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza.

 Éstos son los bahienses acusados de formar parte de una asociación ilícita fiscal para beneficiar a los Báez:

MAURO FICCADENTI: El 11 de marzo de 2011, el  hijo menor de Silvio Ficcadenti, denunció en la Comisaría 2ª el robo de documentación que estaba en el baúl de su automóvil Volkswagen Golf patente ULB 880.

Ficcadenti dijo que había estacionado el vehículo a la una de la madrugada en el playón de la Universidad del Sur. ¿Qué dijo que le robaron? tres cajas con toda la documentación contable de la empresa Grupo Penta y Cía SA que estaba siendo investigada por su vinculación con Austral Construciones.

FRANCO FICCADENTI: Nacido el 16 de febrero de 1979. Junto a su hermano Enzo creó la empresa Terrafari, con domicilio en Pedro Pico 1086. La clave de la empresa está inactiva. Es una de las empresas acusadas de ser usina de facturas truchas.

ENZO FICCADENTI: Es uno de los propietarios de Terrafari. Nació el 29 de marzo del 1990 y en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, donde se inscribió la empresa, figura como “empleado”.

 

 

SILVIO FICCADENTI: Es el padre de Mauro, Franco y Enzo. Creó el Grupo Penta. Las deudas de la empresa son consideradas incobrables por el Banco Central desde 2011. Pese a eso libró cheques sin fondos en 2012.

También formó Calvento. Su cuit fue cancelada y figura como usina en el listado de la Afip. La empresa se registró en el domicilio de Millamapu 176 de bahía blanca. También aparece en el listado de deudores de Arba con deuda mayor a 50.000 $.

JOSÉ ANTONIO FERREYRA: Es el presidente de Constructora Patagónica, y así lo hace saber en su perfil de Linkedin. La empresa tiene dirección en Fortín Carhué 250. Cuando el Diario La Nación lo consultó sobre los problemas fiscales, descargó las culpas en las empresas de los Ficcadenti.

 

 

DENIS FERREYRA: Figura como director Suplente de Constructora Patagónica. A su nombre está el teléfono de la empresa en Bahía, pero con la dirección Ángel Brunel, entre Luiggi y 25 de Mayo.

 

 

ROGELIO CHANQUÍA: Es contador y está acusado de ser uno de los testaferros de Suris y de ayudarlo a lavar activos. Tenía a su nombre una camioneta Mitsubishi, pero Suris la manejaba y pagaba el seguro.

Además fue aprehendido en el año 2012 acusado de resistencia a la autoridad. Según dijo la policía, habría intentado agredir a los agentes que lo detuvieron en un control vehicular.

 

Cómo funcionaban las empresas y las duras acusaciones a la AFIP local

Según los informes de AFIP Calvento y Penta era proveedores falsos de Constructora Patagónica, quien luego la facturaba servicios a Austral construcciones.

Por eso el organismo recaudador resalta que a partir de ser falsos los costos de Constructora Patagónica, por lo menos en lo atiente al Grupo Penta y Calvento, se entiende que estaría sobrefacturando a Austral Construcciones para permitir la salida de dinero contable además de evadir IVA y ganancias.

La fiscalía concluye que gracias a la maniobra de asociación ilícita fiscal, Austral Construcciones blanqueó al menos 20 millones de pesos, producto de los sobreprecios.

En cuanto a la Afip, la fiscalía critica que cuando se advierten las irregularidades de Penta, no se lo incluye en el listado de usinas de facturas truchas. Creen que fue para que pueda seguir emitiendo facturas y no se impugnen las operaciones con Austral, la empresas de Lázaro Báez.

También la investigación remarca cómo se hacía la triangulación entre las empresas sospechadas. “Se advierte una típica maniobra para extraer dinero de la contabilidad, cuando se verifica una operatoria de sobrefacturación”, señala el escrito. Y cuenta el caso de Emilio Navarro, que fue empleado de Austral Construcciones, pero dirigía obras como dependiente del Grupo Penta. Esas obras era hechas para Constructora Patagónica, contratada por Austral Construcciones.

La actual inspección iniciada por la nueva administración de la AFIP sostiene que si se hubiera analizado la contabilidad de Constructora Patagónica, habrían advertido que el 50 % de sus costos deriva de empresas falsas. Y por lo tanto se hubiera llegado a Austral Construcciones, la última beneficiaria de esta cadena.

Por eso la fiscalía señala que “no hubiese sido posible el despliegue de semejante maniobra sin la connivencia, protección y apoyo interno del organismo recaudador”. Más adelante sostiene que “se verificaron claras maniobras activas de encubrimiento”. Y afirma que el “máximo exponente de protección” fue cuando Ricardo Echegaray disolvió la Dirección Regional Bahía Blanca.

En resumen, la fiscalía cree que AFIP encubrió a Báez y a los empresarios bahienses cuando cambiaron las jefaturas a cargo de las fiscalizaciones vinculadas con las usinas de facturas truchas, se evitó solicitar información a Austral Construcciones y se calificó rápidamente a Calvento como contribuyente apócrifo, pero se mantuvo como contribuyente normal al Grupo Penta, para justificar las operaciones que beneficiaban a Austral a través de Constructora Patagónica