Deuda millonaria con proveedores y contratistas, obras ejecutadas que a poco de inaugurarse revelaron serias deficiencias y gastos “cuestionables”, forman parte del duro diagnóstico sobre la situación de Aguas Bonaerenses (ABSA) que está incluido en la auditoría que realizó el ministerio de Infraestructura bonaerense sobre el estado en que encontró la empresa proveedora del servicio de agua y cloacas en varios distritos de la Provincia.
En ese contexto, la cartera desaprobó la ejecución de gastos correspondiente a 2019, cuando la compañía se encontraba presidida por Raffaelle Sardella, durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
El ministro de Infraestructura, Agustín Simone, arribó a esta determinación una vez culminada la primera etapa de la auditoría que fue realizada durante los primeros 90 días de la nueva gestión en la compañía, y que determinó “un sinnúmero de situaciones controversiales e irregularidades, como así también una deuda con proveedores y contratistas superior a los mil millones de pesos”.
“No descartamos presentarnos como querellantes en la Justicia”, afirmó Simone.
El ministro aseguró que “los municipios del interior tienen colapsadas las redes de agua y de cloacas, y las plantas depuradoras no tienen capacidad de tratamiento. Todos los intendentes coinciden en que en los últimos cuatro años se deterioró mucho el servicio de ABSA. Y encima, dejaron una deuda millonaria”.
Uno de los aspectos de la auditoría hace foco sobre la situación de Sardella. “Resulta inexplicable que ejerciera la titularidad de ABSA y haya mantenido su puesto jerárquico en el Grupo SOCMA (vinculado al ex presidente Mauricio Macri). Se observa una incompatibilidad manifiesta en el desempeño de ambas tareas en simultáneo, al existir un evidente conflicto de intereses”, detalla el informe.
Luego refiere la auditoría que la gestión anterior “concentró recursos económicos, especialmente, en tres obras: la construcción de la Planta Depuradora de Bahía Blanca; la construcción de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de General Rodríguez y la rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Punta Lara”, y que para ello la empresa invirtió $3.656 millones + IVA.
“Ese dinero se obtuvo a través de un incremento tarifario autorizado por la ex gobernadora a principios de 2016. No obstante, el decreto 517/02 (de creación de ABSA) señala que el resultante del cobro de la factura debe destinarse a la operación y al mantenimiento del servicio, mientras que el accionista mayoritario (la Provincia) debe encargarse de los aportes para las obras de envergadura. De acuerdo a la norma, se observa que los montos invertidos demuestran el incumplimiento de la misma además de existir un alto grado de irresponsabilidad institucional al descuidar en paralelo, labores esenciales que provocaron el deterioro de la infraestructura y puso en riesgo la salud de la población servida”.
El informe habla de “exorbitantes gastos sin justificación”, entre los que menciona un alquiler por 40 millones de pesos anuales del edificio central de la empresa; la inversión “que aún no se pudo precisar en cifras” del equipamiento de ese edificio; el alquiler de una oficina en Esmeralda y Paraguay (Capital Federal) por $556.380, de “uso exclusivo del ex presidente”; la adquisición en moneda extranjera de muebles (marca Herman Miller) para el sector de Presidencia por 12.555 dólares. “También en moneda extranjera fue la adquisición de un sistema informático con obligaciones futuras de cargos en dólares por mantenimiento y licencias, de la que aún no se pudo establecer el monto total de la operación”, concluye.
Esta entrada ha sido publicada el 20 de mayo, 2020 11:01
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